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Condiciones

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1. Ámbito de aplicación

1.1 Las condiciones de mandato se aplicarán a la totalidad de actividades y actos de representación, tanto judiciales/oficiales como extrajudiciales, que se efectúen en el curso de las relaciones contractuales existentes entre el abogado Dr. Alexander Lindner („abogado“) y el mandante („mandante“).
1.2 Las condiciones del mandato también se aplicarán a nuevos mandatos, siempre que no se haya acordado otra cosa por escrito.

2. Mandato y poder

2.1

El abogado estará facultado y obligado a representar al mandante en la medida que fuera necesaria y pertinente para el cumplimiento del mandato.

Si se alterase la normativa aplicable tras la finalización del mandato, el abogado no estará obligado a advertir al mandante de las modificaciones o consecuencias que resulten de este cambio.

2.2 El mandante deberá firmar, a petición del abogado, un poder por escrito. Este poder puede referirse a la ejecución de un único o determinados negocios o actos jurídicos o a la totalidad de ellos.

3. Principios de la representación

3.1 El abogado deberá desempeñar la representación encomendada según las disposiciones generales y representar los derechos e intereses del mandante frente a terceros con afán, lealtad y diligencia.
3.2 Generalmente, el abogado estará facultado a desempeñar sus funciones según su propio criterio y a tomar todas las medidas oportunas, especialmente a tomar cualquier medio de ofensa y de defensa, en la medida en que no contradigan el poder del mandante, la conciencia del abogado o la ley.
3.3 El abogado deberá rechazar las instrucciones del mandante, cuyo cumplimiento sea incompatible con principios basados en la ley o cualquier otro código deontológico derivado del debido ejercicio de la abogacía. Si el abogado estimare que las instrucciones son inapropiadas o, incluso, perjudiciales para el mandante, deberá advertir a éste de las posibles consecuencias perjudiciales previamente a la ejecución.
3.4 En caso de peligro de demora, el abogado tendrá la facultad de realizar actuaciones o, por el contrario, omitirlas, incluso en el caso de que éstas no estuvieren expresamente comprendidas en el mandato o fueren contrarias al mismo , cuando esto se muestre como de urgente necesidad en interés del mandante.

4. Deber de información y de colaboración del mandante

4.1

Tras el otorgamiento del mandato, quedará el mandante obligado a facilitar al abogado toda la información e informarle de los hechos que pudieran ser importantes en relación con el cumplimiento del mandato y a poner a su alcance todos los documentos o medios de prueba necesarios.
El abogado estará facultado a asumir como ciertas informaciones, hechos, documentos, escritos y medios de prueba, a no ser que su falsedad fuere evidente.

El abogado deberá aspirar a obtener la información completa de los hechos a través de un interrogatorio pormenorizado del mandante y/o a través de otros medios adecuados. Por lo que se refiere a la exactitud de las informaciones adicionales, debe tenerse en cuenta lo establecido en el punto 4.1, segunda frase.
4.2 Durante la vigencia del mandato, estará el mandante obligado a poner en conocimiento del abogado, tan pronto como tenga constancia de ello, todas las circunstancias modificadas o nuevas que pudieran ser significativas en relación con el cumplimiento del mandato.

5. Deber de confidencialidad, conflicto de intereses

5.1 El abogado estará obligado a asegurar la confidencialidad en todos los asuntos que le sean encomendados, así co mo de todos los hechos de los que tenga conocimiento por motivo de su profesión, y cuyo mantenimiento del secreto sea en interés del mandante .
5.2 En el marco de las leyes y directivas vigentes, el abogado estará facultado a encargar la elaboración de asuntos a todos sus colaboradores, en la medida en que éstos hayan sido advertidos fehacientemente de la obligación de confidencialidad.
5.3 Únicamente estará eximido el abogado de la obligación de confidencialidad, cuando sea necesario para la prosecución de pretensiones del abogado (especialmente por lo que se refiere a sus honorarios) o para la defensa de pretensiones contra el abogado (especialmente por daños y perjuicios del mandante o de terceros frente al abogado).
5.4 El mandante podrá eximir al abogado del deber de confidencialidad en cualquier momento. Esta exención del deber de confidencialidad por el mandante, no liberará al abogado de la obligación de comprobar si sus declaraciones son conformes a los intereses de su mandante.
5.5 El abogado deberá comprobar si la ejecución de un mandato implica el peligro de un conflicto de intereses en el sentido de las disposiciones contenidas en la Rechtsanwaltsordnung (Ley de Abogacía).

6. Deber de información del abogado

El abogado deberá poner en conocimiento del mandante, de forma verbal o escrita, las actuaciones por él realizadas en relación con el mandato.


7. Subapoderamiento y sustitución

El abogado podrá ser representado por un pasante que trabaje para él o por otro abogado o por su pasante autorizado (subapoderamiento).

En caso de impedimento, puede el abogado delegar el mandato o algunas actuaciones puntuales a otro abogado (sustitución).

8. Honorarios

8.1 Si no se hubiera alcanzado ningún otro acuerdo, tendrá el abogado derecho a percibir unos honorarios razonables.
8.2 Incluso en el caso de aplicación de unos honorarios globales o por tiempo, tendrá el abogado derecho a percibir el reembolso de las costas ganadas excediendo estos honorarios en la medida en que se puedan cobrar; en los demás casos el abogado tendrá derecho a los honorarios globales o por tiempo acordados.
8.3 A los honorarios debidos al abogado o acordados con él se debe añadir el Impuesto del Valor Añadido, por el tipo legalmente previsto, los gastos necesarios y razonables (por ejemplo, gastos de viaje, teléfono, fax, copias), así como los desembosos realizados en nombre del mandante (por ejemplo, tasas judiciales).
8.4 El mandante es consciente de que una estimación sobre el importe de los honorarios que previsiblemente vayan a efectuarse y que no hay a sido declarad a expresamente como vinculant e , se entiend e como no vinculant e y no como presupuesto vinculante (en el sentido del § 5 apartado 2 de la KSchG, Ley de Protección de los Consumidores austríaca) , dado que el alcance de los servicios a prestar por el abogado no se puede calcular con seguridad de antemano, debido a su naturaleza.
8.5 El tiempo empleado para la facturación y la elaboración de los honorarios no se cobrará al mandante. Se cobrará , a no ser que haya acuerdo en contra, el tiempo empleado en la redacción de cartas al auditor de cuentas a petición del mandante, en las que por ejemplo se menciona el estado de asuntos pendientes, una estimación del riesgo para la constitución de reservas y/o el estado de honorarios pendientes de cobro al día de cierre de balance.
8.6 El abogado tendrá derecho a presentar los honorarios y a exigir provisiones de fondos en cualquier momento, en todo caso trimestralmente.
8.7 En el caso de que el mandante fuera empresario, se entienden aceptados los honorarios remitidos y debidamente desglosados, siempre y cuando el mandante no se oponga por escrito en el plazo de un mes tras su recepción (es determinante la recepción por parte del abogado).
8.8 En cuanto el mandante se demore en el pago del importe total o de una parte de los honorarios, tendrá que pagar al abogado los intereses de demora por el importe legal, pero al menos por el importe del 4 % por encima del respectivo tipo de referencia. No quedarán afectadas las pretensiones legales excedentes (por ejemplo, § 1333 del ABGB, Código Civil austríaco).
8.9 Si el abogado así lo estima , la liquidación de los costes judiciales y administrativos (desembolsos) y gastos (por ejemplo por contratar servicios de terceros) podrá ser directamente remitida al mandante.
8.10 En el caso del otorgamiento de un mandato por varios mandantes para un mismo asunto jurídico, responderán éstos solidariamente frente al abogado de todas las reclamaciones derivadas del mismo.
8.11 Las pretensiones de desembolso de las costas judiciales del mandante frente a la parte contraria, serán cedidas al abogado desde su nacimiento, hasta el importe de la pretension de los honorarios del abogado . El abogado está facultado a comunicar en cualquier momento la cesión a la parte contraria.

9. Responsabilidad del abogado

9.1 La responsabilidad del abogado por asesoramiento o representación defectuosa estará limitada por el importe del seguro disponible para el siniestro determinado, pero comprenderá, como mínimo, la cantidad denominada como „importe del seguro“ en el § 21 a de la Ley de Abogacía, que asciende actualmente a € 400.000,--. Esta limitación de responsabilidad se aplicará, cuando el mandante sea un consumidor, únicamente en el caso de negligencia leve.
9.2

Conforme al punto 9.1, el importe máximo aplicable abarcará todas las pretensiones existentes contra el abogado por asesoramiento y/o representación defectuosa y especialmente la indemnización por daños y perjuicios y la pretensión de reducción de precio. Este importe máximo no abarcará las pretensiones del mandante de restitución de las cantidades satisfechas en concepto de honorarios. Eventuales franquicias no disminuirán la responsabilidad.

Conforme al punto 9.1, el importe máximo aplicable se refiere a un siniestro. Al existir dos o varios mandantes perjudicados concurrentes, el importe máximo para cada uno de ellos se reducirá en proporción al importe total de la pretensión.

9.3

El abogado responderá por prestaciones parciales encargadas a terceros con conocimiento del mandante (en particular a expertos externos) que no sean ni empleados ni socios del abogado únicamente en caso de culpa in eligendo.

9.4

El abogado responderá sólo frente a su mandante y no frente a terceros. El mandante estará obligado a indicar de forma expresa a un tercero el hecho de de que, con motivo de sus actuaciones, ha entrado en contacto con los servicios del abogado.


10. Prescripción / Preclusión

Siempre que no se aplique legalmente un plazo de prescripción o de preclusión más corto, todas las pretensiones frente al abogado (pero no pretensiones de garantía en el caso de que el mandante no sea empresario en el sentido de la Ley de Protección de los Consumidores austríaca) caducarán a no ser que el mandante las invoque judicialmente dentro de 6 meses (en el caso del que el mandante sea empresario en el sentido de la Ley de Protección de los Consumidores austríaca) o dentro de un año (en el caso de que el mandante no sea empresario) desde el momento en que el mandante tenga conocimiento del daño y del autor del perjuicio o del evento causal de la pretensión, en todo caso como máximo tras el transcurso de 5 años después de la conducta (infracción) causante del daño ( que origina la pretensión).


11. Seguro de protección jurídica del mandante

11.1 Si el mandante dispone de un seguro de protección jurídica, debe ponerlo en conocimiento del abogado sin demora y presentar los documentos necesarios (en cuanto estén disponibles). Independientemente, el abogado estará obligado, por iniciativa propia, a recoger información acerca de la existencia de un seguro de protección jurídica y su alcance y pedir la cobertura del seguro.
11.2 La notificación de un seguro de protección jurídica por el mandante y la concesión de cobertura del seguro por el abogado no afectará a la pretensión de honorarios del abogado frente al mandante y no se entenderá como consentimiento del abogado de conformarse, en calidad de honorarios, con las cantidades prestadas por este seguro. El abogado deberá advertir de esto al mandante.
11.3 El abogado no estará obligado a pedir los honorarios directamente al seguro de protección jurídica, sino que podrá pedir la totalidad de la remuneración al mandante.

12. Terminación del mandato

12.1 El mandato podrá ser resuelto por el abogado o por el mandante en cualquier momento sin necesidad de un plazo de preaviso ni de indicar las causas. La pretensión de honorarios del abogado no se verá afectada.
12.2 En caso de resolución por el mandante o por el abogado, éste deberá representar al mandante durante 14 días, en cuanto sea necesario para protegerlo de perjuicios legales. Esta obligación no existirá cuando el mandante renuncie al mandato y exprese que no desea ninguna actuación ulterior del abogado.

13. Deber de restitución

13.1 El abogado deberá restituir, a petición del mandante, los documentos originales tras la terminación del mandato. El abogado estará facultado a conservar copias de estos documentos.
13.2 Si el mandante , después de finalizar el mandato, vuelve a pedir documentos (copias de documentos) que ya había obtenido en el transcurso de la realización del mandato, deberá él mismo soportar los gastos.
13.3

El abogado estará obligado a conservar los expedientes durante 5 años a partir de la terminación del mandato y a facilitar copias al mandante en caso necesario. Para el pago de los gastos, se aplicará el punto 13.2.

Si se aplican plazos legales más largos para la duración de la obligación de conservación , éstos deberán ser respetados. El mandante consentirá la destrucción de los expedientes (también de los documentos originales) al terminar la obligación de conservar.


14. Convenio sobre el derecho aplicable y tribunal competente

14.1 Las condiciones de mandato y las relaciones reguladas a través de éstas, estarán sujetas al derecho material austríaco.
14.2

Para las controversias derivadas de o en conexión con la relación contractual regulada mediante las condiciones de mandato, lo que comprende también las controversias sobre su validez, se acordará la exclusiva competencia del tribunal materialmente competente del lugar de la sede del abogado, a no ser que ésto sea contrario al derecho imperativo.

El abogado estará asimismo facultado a presentar pretensiones contra el mandante ante cualquier otro tribunal, nacional o extranjero, en cuyo partido judicial tenga el mandante su sede, residencia, un establecimiento o patrimonio.

En relación a los mandantes que sean consumidores en el sentido de la Ley de Protección de los Consumidores austríaca, se aplicará la normativa sobre el tribunal competente del § 14, de la misma ley.

15. Disposiciones finales

15.1 Las modificaciones o complementos de esas condiciones de mandato, precisarán para su validez la forma escrita, siempre que el mandante no sea consumidor en el sentido de la Ley de Protección de los Consumidores austríaca.
15.2

Las declaraciones que el abogado realice al mandante, se entenderán siempre recibidas por parte del mandante cuando se envíen a la dirección notificada por el mandante en el momento de la concesión del mandato o a la nueva dirección que con posterioridad comunique por escrito. Si no se acordara otra cosa, el abogado podrá mantener correspondencia con el mandante en la forma que estime oportuno.

Según estas condiciones de mandato, las declaraciones que deban ser realizadas por escrito podrían ser emitidas también por medio de fax o e-mail, mientras no se haya acordado otra cosa.

A no ser que hubiera una instrucción por escrito en contra, el abogado estará facultado a realizar de forma no codificada el intercambio de e-mails con el mandante. El mandante declarará tener conocimiento sobre los riesgos relacionados con ésto (especialmente acceso, mantenimiento del secreto, alteración del mensaje en el transcurso de la comunicación) y prestará su consentimiento para que, con conocimiento de estos riesgos, el intercambio de e-mails se realice de forma no codificada.

15.3 El mandante se declarará expresamente de acuerdo con que el abogado trate, ceda o comunique (en el sentido de la Ley de Protección de Datos) datos personales referidos al mandante y/o a su empresa en cuanto fuera necesario y oportuno para el cumplimiento de las tareas conferidas al abogado por el mandante o resultara de las obligaciones legales o deontológicas del abogado (por ejemplo la participación en el tráfico jurídico electrónico).
15.4 La ineficacia de una o de alguna de las disposiciones de estas condiciones de mandato o de las relaciones contractuales reguladas por estas condiciones no afectará a la validez del resto del acuerdo. Las partes contratantes estarán obligadas a reemplazar las disposiciones ineficaces por una regulación lo más parecida posible a éstas, en cuanto a su resultado económico.

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